



La Guardia Civil, en la denominada ‘operación Noa’, llevada a cabo en Ávila y Valladolid, ha procedido a la detención de siete personas como supuestos autores de delitos de estafa continuada, falsificación documental, intrusismo profesional y asociación ilícita por importar cachorros y venderlos como si hubieran sido criados en España, alterando la edad y otros aspectos legales.
La ‘operación Noa’ se inició a raíz de un escrito recibido en la Comandancia de Ávila por parte de una asociación protectora de animales de esta provincia, que alertaba del malestar de varias personas debido a la muerte de cachorros de perro recién adquiridos en dos establecimientos, uno en Ávila y otro en Valladolid, tras contraer la parvovirosis, informa la Guardia Civil en un comunicado.
Las primeras indagaciones constataron la existencia de un grupo de personas que operaraban de forma organizada en tres fases para traer los perros a España y posteriormente ‘nacionalizarlos’.
De acuerdo con la información facilitada por el Instituto Armado, la importación de los perros desde Eslovaquia se hacía incumpliendo las medidas sanitarias obligatorias, pues “aunque los cachorros se importaban dotados de microchip, no lo hacían con sus vacunas correspondientes”.
Una vez que los cachorros llegaban a España se les sustituía el pasaporte eslovaco por uno español, en el cual cambian las edades de los animales, entre otros datos. Este proceso lo hacía un veterinario, quien a su vez procedía a su inscripción en los registros correspondientes.
Por otro lado, algunas personas pertenecientes a la Asociación de Criadores Caninos de España, con quienes estaba relacionado el veterinario, certificaban el pedigrí de los animales en base a padres, abuelos y bisabuelos de pura raza, “dando a entender que habían sido criados en España, con conocimiento de que su origen era Eslovaquia”, explica la Guardia Civil.
Sin embargo, esta Asociación no está autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente para la llevanza de libros genealógicos de razas, “por lo que no debían certificar el pedigrí de los cachorros”, indica la Guardia Civil. Se da la circunstancia de que los miembros de la junta directiva de esta Asociación eran a su vez gestores de una sociedad mercantil dedicada a la venta de perros en la localidad de Lomoviejo (Valladolid).
Precisamente este establecimiento, y otro de Arévalo (Ávila) se encargaban de vender los animales a través de dos páginas web y de numerosos anuncios en páginas relacionadas con la venta de animales, “haciéndolos pasar por perros nacionales valiéndose de los Certificados expedidos por el Veterinario y la asociación de criadores y con el conocimiento del riesgo de los cachorros de contraer parvovirosis”, algo de lo que los compradores no eran informados, asegura el Instituto Armado.
Por todo ello, los pasados 10 y 11 de junio las investigaciones de la ‘operación Noa’ finalizaban con la detención, por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arévalo, de 7 personas relacionadas directamente entre ellas y la intervención de casi 200 cachorros importados de forma irregular y dispuestos para la venta a consumidores finales.
Además, la Guardia Civil ha podido determinar, gracias al análisis de los pasaportes solicitados por el veterinario implicado en la trama, que entre 2009 y los cinco primeros meses de este 2010 la red había conseguido ‘regularizar’ a un total de 4.450 perros, cuyos pasaportes tenían en todos los casos, como lugar de destino, la sociedad mercantil de Lomoviejo, lo que da una media aproximada de 400 cachorros importados mensualmente de forma irregular.
La mayoría de cachorros importados pertenecían a razas caninas de compañía, como boxers, haskies, yorkshire terrier o buldog francés, si bien también se importaban beagles, usados en nuestro país como perros para la caza de conejos y liebres, según han afirmado a ElCotodeCaza.com fuentes del Instituto Armado.
En cuanto al volumen de negocio que esta red podría haber movido, estas mismas fuentes han explicado que de media los cachorros se adquirían por entre 30 y 40 euros en Eslovaquia y se vendían en nuestro país, ya 'legalizados', por una cantidad de 400 euros.
(Texto: R. Lapeña. Fotos: OPC Ávila)









