



Así lo ha señalado esta semana a la agencia Efe el presidente de la Delegación Provincial de Caza de Ávila, Emiliano Sastre, quien ha apuntado que disponen de treinta días a partir de la resolución publicada el pasado 24 de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
Dicha resolución suspendía el aprovechamiento cinegético durante dos años en ocho municipios de esta comarca al norte de la capital, tras la aparición de varios ejemplares de especies protegidas muertos con síntomas de haber sido envenenados, entre los cuales figuraban águilas imperiales ibéricas y milanos reales.
La medida afecta a los municipios de Pozanco; Peñalba de Ávila; Riocabado; El Oso; Gotarrendura; Mingorría; Las Berlanas y Santo Domingo de las Posadas. La Junta adoptó esta medida ante “un conjunto de episodios de mortalidad no natural que han afectado a poblaciones de fauna no cinegética”, lo que en su opinión son hechos “graves, tanto por la amplia distribución de los hallazgos como por el número y la diversidad de los especímenes afectados, incluidos dentro del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas”.
Con esta decisión, el Gobierno regional pretende “favorecer el incremento de las poblaciones de las especies cinegéticas, al ser preservadas de la caza deportiva, favoreciendo de esta manera a los consumidores secundarios y terciarios que han sufrido en mayor medida el daño ambiental”.
Según Emiliano Sastre, los cazadores afectados suman medio millar y consideran esta postura “un poco desmedida” pese a reconocer la “gravedad” de unos hechos en los que los cazadores “tampoco pueden ser los responsables”.
Ante esta situación, de la que también se sienten afectados los ayuntamientos y los titulares de los cotos, los cazadores estudian con un equipo jurídico las alegaciones que presentarán ante la Junta de Castilla y León para intentar que dé marcha atrás a una medida que consideran “excesiva”.
Según el presidente de la Delegación Provincial de Caza, la Administración regional puede adoptar otro tipo de decisiones menos lesivas para esta colectividad como la “reserva de ciertas zonas” o la puesta en marcha de “guarderías” que vigilen la comarca. Según Emiliano Sastre, no existen precedentes de una medida de estas características en la provincia de Ávila y en esta zona propicia para la caza de conejo, perdiz, liebre, jabalí...
Aunque la suspensión durará durante dos años, transcurrido el primero la Consejería de Medio Ambiente valorará las iniciativas de revisión de los titulares de los cotos y una vez evaluadas esas propuestas, “se podrá estudiar el levantamiento de esa suspensión en las áreas y condiciones que se determinen expresamente”.








