Apaval retomará en enero el contacto con Cataluña para legalizar el parany

Unas acciones que se irán consensuado durante este fin de año y principios de 2012 pero que, sin embargo, están supeditadas al futuro de este tipo de caza en el territorio valenciano cuya práctica, además de estar prohibida, podría llegar a considerarse inconstitucional si el Tribunal Constitucional admite el recurso presentado por el Gobierno central.

Así, de momento, la solución de este recurso sigue siendo la prioridad principal de los cazadores valencianos a expensas de que el cambio de Ejecutivo favorezca una sentencia favorable. Y es que, como explicaba Bayarri «quien impulsó una norma para regular la caza del Parany fue el Gobierno valenciano, dirigido por el Partido Popular, una modificación de la norma existente que, además, se votó por mayoría absoluta en Les Corts, con los votos de PP, PSPV y Bloc, por eso esperamos que ahora, desde Madrid, sean coherentes con las políticas impulsadas por el partido regional y actúen en ese sentido, retirando el recurso».

Pues, como explicaba el presidente de Apaval «la Comunitat Valenciana tiene las competencias en caza, sin embargo, depende también de una ley marco española y otra europea y ahora estamos en una situación en la que a pesar de que instalación del parany es legal, porque tú en tu propiedad puedes tener los árboles como quieras, no está permitido utilizarla después de que la Generalitat perdiera tanto en el recurso interpuesto ante el TSJCV y otro ante el Tribunal Supremo», señaló.

Desde entonces (en 2009 la Generalitat aprobó la modificación de la ley), todos los asociados han tenido que 'suspender' sus actividades de caza, a la espera de que, en primer lugar el Constitucional desestime la inconstitucionalidad y, en segundo, que vuelva a legalizarse la actividad. Una meta en la que, sin duda, coinciden los aficionados a esta modalidad de varias comunidades autónomas, además de la valenciana: Aragón, Islas Baleares y Cataluña.

Para ello, la primera medida es deslegitimizar las razones esgrimidas por el sistema judicial para prohibir la práctica del parany en todas estas comunidades y que, según trasladó Bayarri, se basaban prácticamente en que «no dábamos razones científicas para garantizar la selectividad de la caza».

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