La investigación del caso Asturianos está ahora ya solo en manos de la Audiencia

La Audiencia Provincial de Zamora deberá decidir si confirma o no el archivo del procedimiento penal por un presunto delito de venta ilegal de carne de piezas de caza mayor capturadas de forma furtiva y de animales domésticos, todos supuestamente sacrificados sin control sanitario por dos ganaderos de Asturianos, hermanos, y el hijo de uno de ellos; así como de la implicación de un veterinario y el responsable de una comercial ganadera y su hermana, que expedían medicamentos a los principales imputados. A estos se les acusa de posible falsificación de documento público.
Los magistrados —ante los que la acusación particular ha elevado ya un recurso contra el sobreseimiento del caso que exculpa a los ganaderos e integrantes de la misma familia, P.O.C., F.O.C. y FJ.O.F.— tendrán también que determinar si las actuaciones judiciales deben continuar para esclarecer si tres guardias civiles conocían de las supuestas actividades ilegales de los ganaderos y nunca las denunciaron y, por tanto, si cometieron el delito de omisión del deber de denunciar tales conductas como representantes de la autoridad que son.

La juez de Puebla de Sanabria que instruye la causa ha reducido el procedimiento a un caso de tenencia ilícita de armas que afecta a los ganaderos, mientras que exculpa al resto de imputados por considerar que no existen pruebas de la comisión de los demás delitos. A los sumo dice que podría haber una sanción administrativa, nunca penal.

Al recurso ya interpuesto del integrante de los cotos de Asturianos y Palacios se sumará, con toda probabilidad, el de la Fiscalía, que ejerce la acusación pública. Los imputados a los que beneficia el archivo del caso dictado por la juez ya han impugnado el recurso presentado en la Audiencia. Por el momento el abogado del denunciante basa su recurso en el contenido de las conversaciones telefónicas que fueron grabadas durante la investigación que mantuvo abierta la Guardia Civil, con autorización de la anterior juez de Puebla de Sanabria que inició la instrucción.

El letrado sostiene en su escrito que de la transcripción de las llamadas telefónica se desprende la existencia de indicios de los delitos de caza furtiva y tráfico de carne, de los que están acusados los tres ganaderos, quienes harían supuestamente batidas incluso nocturnas para capturar piezas de caza mayor.

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