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El Consejo de Gobierno de Castilla y León aprueba el nuevo modelo de Reservas de Caza

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En su reunión de hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde al Decreto que modificará el actual modelo de las Reservas Regionales de Caza, que según la Junta “favorece el asociacionismo y la participación”.
Machos monteses

El decreto viene a modificar la Ley de Caza autonómica en lo relativo a las Reservas Regionales de Caza “con el fin de mejorar la gestión de las reservas y dar mayor participación y protagonismo a los propietarios de los terrenos, en su mayoría entidades locales”, según ha informado la Junta en un comunicado.

Como ya informamos aquí hace algunos meses, el nuevo modelo se basa en la cogestión de las Reservas, donde la Junta de Castilla y León asume la gestión técnica mientras que los propietarios, la mayoría entidades locales, asumen el disfrute de los aprovechamientos cinegéticos, siempre “de acuerdo con un plan técnico anual elaborado por la Dirección General de Medio Natural, previo informe de cada Junta Consultiva”, explica el Gobierno regional.

La nueva regulación dota de mayor participación a los propietarios de los terrenos y fomenta el asociacionismo. Con este objetivo se crea la Red de Reservas Regionales de Caza con el objetivo de “afrontar acciones conjuntas para favorecer la proyección nacional e internacional -especialmente los mercados de Estados Unidos, Rusia, China y Oriente Medio”, señalan desde la administración autonómica.

Asimismo, se crea el fondo de gestión de las Reservas Regionales de Caza que pretende garantizar la gestión y la mejora de las reservas, y en el que se ingresarán el 15 % del importe de los aprovechamientos cinegéticos.

Reparto de los permisos

Según la modificación aprobada hoy, el plan técnico anual dividirá las reservas en cuarteles, adjudicando en cada uno las cacerías entre los propietarios o titulares de derechos que impliquen el aprovechamiento cinegético que así lo soliciten, cuya propiedad dentro del cuartel supere las 25 hectáreas y en proporción a la superficie aportada al cuartel.

Aquellas que no se sean solicitadas se asignan al municipio que corresponda. Se contemplan cacerías selectivas y extraordinarias por razones de urgencia o fuerza mayor que se distribuirán conforme a lo que determine la Consejería competente.

La adjudicación de las cacerías corresponde a los propietarios, que fijan las condiciones económicas y la forma de adjudicación de los permisos, normalmente por subastas públicas, como ha han hecho esta temporada algunas asociaciones, como la de los propietarios de los terrenos incluidos en la RRC de Gredos.

Cuando el propietario es la entidad local podrán reservar cacerías de acuerdo con los usos y costumbres locales para su adjudicación a cazadores vecinos o con otra vinculación al lugar. Al menos el 15 % de los ingresos obtenidos se destinarán al fondo de gestión.

Un coto, mínimo 500 hectáreas

Por otra parte, el Decreto clarifica la superficie mínima para constituir un coto privado de caza. En términos generales, será de 500 hectáreas y cuando la superficie corresponda a un solo propietario de los predios la superficie mínima se reducirá a 250 hectáreas.

Asimismo, una superficie continua susceptible de aprovechamiento cinegético y perteneciente a varios titulares que no alcance 500 hectáreas podrá ser declarada coto de caza si a uno de los propietarios de los predios le pertenecen, al menos, 250 hectáreas.

Caza en zonas de seguridad

Por otra parte, el Decreto establece un mecanismo más agil para la autorización de acciones cinegéticas en zonas de seguridad -vías y caminos de uso público, vías pecuarias, cauces y márgenes de los ríos, arroyos y canales que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan límites entre los mismos-.

Dicho mecanismo estará regido por los servicios territoriales de Medio Ambiente a petición de los titulares cinegéticos colindantes, “y condicionado a que los titulares de dichas zonas de seguridad declaren su conformidad con el ejercicio de la caza”, explica la Junta.



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