



“En la provincia se han registrado 40 manadas de lobos como seguras y se constatan otras 17 como probables, por tanto 57 frente a las 188 de toda Castilla y León, representando pues el 30,3 por ciento”, dice Asaja en su comunicado de ayer, citando datos de la Memoria 2009/10 del Plan de Conservación y Gestión del Lobo elaborada por la Junta de Castilla y León.
Estos números tienen su reflejo en los numerosos ataques de lobo que la cabaña ganadera leonesa, y especialmente de Riaño, han venido sufriendo, y que “están poniendo en serio peligro la continuidad de la actividad ganadera”, apuntan desde Asaja.
La propia Junta, que cifra en 19 las posibles mandas de lobos en la comarca de Riaño, reconoce el “incremento de daños en la ganadería en los últimos años” y lo atribuye tanto a que en la zona abunda el alimento por los censos de ungulados silvestres, como “al descenso en el aprovechamiento cinegético de la especie”. En tres años, tanto el número de ataques a la ganadería como de animales muertos se ha duplicado, asegura el sindicato agrario.
Una de las soluciones al problema del lobo es la caza. En su comunicado, Asaja “exige que se incremente el número de autorizaciones para aprovechamientos cinegéticos” y que se lleven a cabo “los necesarios controles poblacionales con abatidas por parte de la Guardería”.
Por otra parte, reclama este sindicato que “se indemnice a los ganaderos por la totalidad de los daños ocasionados”, ya que en la práctica, asegura Asaja, “únicamente se compensan, y deforma parcial, en las reservas de caza o en el Parque Nacional Picos de Europa”.
La necesidad de un mayor control de las poblaciones “se reconoce en el informe, donde textualmente se dice que en la campaña 2009/10 “la extracción total de ejemplares se encuentra muy alejada de los que podían haberse capturado con un margen de seguridad, sin poner en peligro el estado de conservación favorable de la especie”, recuerdan desde Asaja.
El sindicato agrario finaliza aseverando que no acepta “que sea el sector ganadero el que soporte el elevado coste de la reintroducción de la especie en zonas en las que en las últimas décadas no existía o su presencia era esporádica”.
“En ningún caso”, continúa Asaja, “se pueden consentir poblaciones de lobos que pongan en peligro la principal actividad económica de toda una comarca, ya que si desaparece la ganadería el impacto económico y también medioambiental sería de consecuencias devastadoras y sin posibilidad de retroceso”.









